El Defensor del Pueblo de Avellaneda, Daniel García sostuvo que la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que revocó el fallo que suspendía la derogación de la Ley de Tierras Rurales, vuelve a poner en discusión los límites para la adquisición de tierras por parte de extranjeros.

Para Daniel García, el debate excede la cuestión inmobiliaria y plantea una discusión vinculada con la soberanía y la protección del territorio nacional.

“La tierra es territorio. Es producción, es agua, es frontera y es patrimonio de las generaciones que vienen”, señaló García al referirse a la situación generada a partir de la decisión judicial.

En ese sentido, el Defensor del Pueblo de Avellaneda sostuvo que la Argentina necesita inversiones y que ese objetivo puede ser compatible con el desarrollo del país, aunque planteó reparos respecto de la eliminación de límites sobre la adquisición de tierras rurales.

“La necesidad de inversión no puede significar entregar sin límites nuestro territorio”, afirmó.

García también remarcó que la Corte Suprema no se expidió sobre el fondo de la cuestión constitucional vinculada con la derogación de la Ley de Tierras Rurales, aunque consideró que la decisión judicial produce un efecto concreto sobre los límites establecidos por esa normativa.

Para el funcionario, la situación vuelve a colocar en el centro de la agenda la discusión sobre el acceso y la propiedad de tierras consideradas estratégicas para el país.

“Esto no es solamente una cuestión inmobiliaria. Es una cuestión de soberanía”, sostuvo García.

Finalmente, el Defensor del Pueblo de Avellaneda planteó que la discusión debe contemplar no solo las necesidades actuales sino también la preservación del territorio y los recursos para las futuras generaciones.

“La tierra argentina no es una mercancía. La soberanía no se vende”, concluyó.