El diputado nacional Máximo Kirchner presentó un proyecto de ley para crear el Impuesto a las Transferencias Internacionales de Capital (ITIC), una herramienta de recaudación destinada a generar recursos para las provincias y los municipios, con asignaciones específicas para áreas como salud, discapacidad, educación, jubilaciones, pensiones, medicamentos y atención del PAMI.

La iniciativa surge en un contexto que el proyecto caracteriza por una caída acumulada de las transferencias de recursos a las provincias y municipios. Según los fundamentos de la propuesta, entre 2023 y 2025 las transferencias automáticas de la Nación a las provincias y municipios se redujeron un 8,4% en términos reales, mientras que las no automáticas, que incluyen buena parte de los recursos destinados a obra pública, programas, convenios y asistencia territorial, registraron una caída del 72,8%.

De acuerdo con el planteo, esta situación redujo la capacidad de los gobiernos provinciales y municipales para sostener infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, vial y de vivienda. Al mismo tiempo, el proyecto cuestiona la implementación de regímenes de estabilidad fiscal, reducciones tributarias e incentivos para grandes patrimonios y grandes inversiones, al considerar que generan una asimetría en la distribución de los recursos.

En este escenario, Kirchner propone una herramienta que, según sostiene, toma como antecedente el Aporte Solidario y Extraordinario (ASE) y busca generar nuevos recursos para financiar políticas públicas y obras en todo el país.

Cómo funcionaría el ITIC

El Impuesto a las Transferencias Internacionales de Capital (ITIC) tendría como objetivo gravar las operaciones que impliquen una salida efectiva de capitales del país, ya sea mediante divisas, valores negociables o activos virtuales, realizadas de manera directa o indirecta por los sujetos alcanzados.

La iniciativa apunta a concentrarse en los flujos de capital hacia el exterior y, de acuerdo con sus fundamentos, busca evitar que el impuesto recaiga sobre el consumo cotidiano o la actividad productiva.

El proyecto establece una alícuota del 3% sobre las transferencias de capital al exterior. Cuando el destino de los fondos sea una jurisdicción de baja o nula tributación, se adicionaría un 2%.

Los sujetos alcanzados incluyen a personas humanas y jurídicas, sucesiones indivisas, fideicomisos, trusts, fundaciones y otras estructuras similares, tanto residentes como no residentes. También contempla responsables sustitutos destinados a garantizar la percepción del impuesto.

Según la estimación incluida en el proyecto, la recaudación mínima podría alcanzar los $2,89 billones, una cifra que, de acuerdo con sus autores, equivaldría a diez veces el monto enviado durante 2025 a las provincias en concepto de transferencias de capital.

Cómo se distribuirían los recursos

Uno de los principales aspectos de la iniciativa es el destino específico que tendría la recaudación. El proyecto establece una distribución con criterio federal y contempla diferentes áreas consideradas prioritarias.

El 60% de los recursos se destinaría a provincias y municipios para obras de infraestructura sanitaria, educativa y hospitalaria, vivienda y obras viales, además de contemplar la recomposición salarial en los sectores de salud y educación.

El 40% restante se distribuiría de la siguiente manera:

- 10% para salud y discapacidad.

- 10% para educación.

- 10% para jubilaciones y pensiones.

- 10% para medicamentos y atención médica del PAMI.

La propuesta también menciona como antecedente regional el Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) de Brasil, que grava distintas operaciones financieras.

Qué operaciones quedarían excluidas

De acuerdo con el proyecto, el ITIC no alcanzaría la tenencia de dólares de los argentinos y argentinas ni gravaría el consumo, el ahorro interno o la inversión productiva.

Tampoco quedarían alcanzadas las compras de bienes que ingresen regularmente al país cuando se trate de importaciones genuinas, documentadas y trazables.

La iniciativa también excluye la compra de dólares, bonos, CEDEARs o fondos de inversión cuando los activos permanezcan en la Argentina.

De esta manera, sus impulsores remarcan que no se trataría de un impuesto al patrimonio, al consumo ni al trabajo, sino específicamente sobre la transferencia de capitales hacia el exterior.

En los fundamentos, el proyecto sostiene que el objetivo es establecer un mecanismo frente a las salidas de capital que, según sus autores, afectan las reservas internacionales y el financiamiento del Estado. También plantea que el impuesto no busca penalizar la inversión o el comercio legítimo, sino establecer una contribución sobre determinados flujos de capital que salen del país.

La iniciativa vincula además la propuesta con el escenario de ajuste fiscal y presupuestario de los últimos años y plantea que los recursos obtenidos mediante el nuevo tributo puedan transformarse en financiamiento para infraestructura y políticas públicas destinadas a las provincias, los municipios y distintos sectores sociales.

En ese sentido, el proyecto presentado por Máximo Kirchner propone utilizar una parte de los recursos provenientes de las transferencias internacionales de capital para reforzar el financiamiento de áreas como salud, discapacidad, educación, seguridad social y medicamentos, bajo un esquema de distribución federal.