jueves 17 de septiembre de 2026 - Edición Nº2843

Entrevista | 17 sep 2026

Defensoría del Pueblo bonaerense

Gastón Arias: “La Justicia está poniendo un límite al desfinanciamiento de AySA”

En una entrevista con Avellaneda Hoy, el secretario de Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo bonaerense analizó la medida judicial que obliga a AySA a garantizar la continuidad y calidad del servicio y a mantener sus obligaciones vinculadas con el agua potable, el saneamiento y el ambiente.


La Justicia ratificó una medida cautelar impulsada por la Defensoría del Pueblo bonaerense que obliga a Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) a garantizar la continuidad y calidad del servicio y a mantener sus obligaciones vinculadas con el acceso al agua potable, la salud pública y el ambiente. La medida permanecerá vigente mientras se realiza una evaluación integral sobre la situación ambiental, sanitaria e institucional de la empresa.

En diálogo con Avellaneda Hoy, Gastón Arias, secretario de Servicios Públicos de la Defensoría, explicó que la resolución busca evitar que se produzcan recortes o modificaciones en las inversiones y obras de agua y cloacas que AySA desarrolla en los 26 municipios bonaerenses que forman parte del área de concesión.

Según señaló, uno de los principales puntos de preocupación está relacionado con las obras que se encontraban en ejecución y que, de acuerdo con el planteo realizado por la Defensoría, fueron suspendidas o desfinanciadas en el marco del proceso de reestructuración de la empresa.

“Implica que no se pueden llevar adelante todas las acciones, todos los actos con el intento de desinvertir y desfinanciar obras de agua y cloaca en los 26 municipios de la provincia de Buenos Aires que componen el conurbano bonaerense”, explicó Arias.

El funcionario sostuvo que entre las principales consecuencias de una eventual reducción de inversiones estaría la imposibilidad de finalizar obras de ampliación de las redes de agua y cloacas.

“Claramente se iban a abandonar obras importantísimas que son en beneficio de los ciudadanos con algo tan importante como es la salud. El agua, el recurso hídrico, es fundamental”, sostuvo.

Arias también cuestionó el impacto de los incrementos tarifarios y planteó que los usuarios enfrentan facturas elevadas mientras persisten reclamos relacionados con la prestación del servicio.

Qué deberá analizar la evaluación judicial

Uno de los aspectos centrales de la resolución es la realización de una evaluación integral antes de que puedan modificarse las obligaciones de AySA en materia de prestación, inversiones y controles.

Según explicó Arias, ese análisis debería contemplar las obras que fueron suspendidas, las condiciones en las que se produjo su interrupción y las consecuencias ambientales y sanitarias que podría generar su falta de ejecución.

“Tiene que revisar qué obras se han abandonado, en qué contexto fueron suspendidas”, señaló el representante de la Defensoría.

La medida cautelar fue ratificada por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata, que estableció que AySA debe mantener sus obligaciones mientras se realiza la evaluación correspondiente.

La Defensoría también cuestionó el avance del proceso de privatización. Arias señaló que el organismo presentó una denuncia judicial luego de que se avanzara con la apertura de los sobres de la licitación, al considerar que esa instancia podía entrar en contradicción con las decisiones judiciales vigentes. “Hemos presentado una denuncia por desobediencia a un fallo judicial”, afirmó.

Los reclamos de los usuarios y el futuro de AySA

Además del proceso judicial, Arias señaló que la Defensoría continúa recibiendo reclamos de usuarios de AySA vinculados con la prestación del servicio.

Entre las situaciones mencionadas se encuentran problemas de baja presión, deficiencias en el suministro y dificultades para afrontar facturas que los usuarios consideran elevadas.

“Nosotros permanentemente estamos en contacto con todos los usuarios que se acercan a la Defensoría planteando sus problemáticas”, explicó.

El funcionario sostuvo que estos reclamos también fueron planteados en audiencias públicas y remarcó que la situación de los usuarios deberá ser contemplada en el debate sobre el futuro de la empresa.

Mientras continúa la disputa judicial, la medida cautelar mantiene las obligaciones de AySA en materia de prestación del servicio, inversiones y protección ambiental, a la espera de la evaluación integral que deberá determinar las condiciones y el impacto de cualquier eventual modificación.

OPINÁ, DEJÁ TU COMENTARIO:
Más Noticias

NEWSLETTER

Suscríbase a nuestro boletín de noticias