Miles de estudiantes, docentes, nodocentes, investigadores y organizaciones sociales participaron este 12 de mayo de una nueva edición de la Marcha Federal Universitaria para reclamar la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario y defender el sistema público de educación superior y ciencia en la Argentina.

La movilización, la cuarta realizada durante la gestión del presidente Javier Milei, tuvo como eje central el reclamo por la crisis presupuestaria que atraviesan las universidades nacionales y los hospitales universitarios, situación que, según denunciaron desde distintos sectores, pone en riesgo el funcionamiento académico, científico y de investigación.

También participaron representantes del Frente Gremial Docente y Nodocente, integrado por las federaciones nacionales CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, FAGDUT, UDA, CTERA y FATUN.

Durante el acto central realizado en Plaza de Mayo, se leyó un documento consensuado por las organizaciones convocantes, en el que se destacó el valor histórico y social de las universidades públicas y del sistema científico nacional.

“Las universidades públicas y sus comunidades, junto con el sistema público de investigación, desarrollo e innovación, somos el fruto de una larga lucha de nuestro país y de nuestro pueblo por contar con un sistema estatal de educación y producción de conocimientos”, expresaron ante una multitud.

En el mismo mensaje, las organizaciones remarcaron que “la universidad pública argentina somos todas y todos” y solicitaron la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para garantizar el cumplimiento de la ley aprobada por el Congreso Nacional.

“Le pedimos a la Corte Suprema que nos acompañe y escuche el clamor de las plazas de toda la república y no permita que el Gobierno nacional siga incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario”, señalaron.

Además, advirtieron sobre el impacto que la falta de recursos tiene sobre trabajadores docentes, nodocentes, investigadores y estudiantes, y sostuvieron que el debilitamiento de las universidades públicas compromete el futuro del país. “La universidad pública se defiende. Por más y mejor educación pública y ciencia”, concluyó el documento.

Por su parte, desde el Gobierno nacional reiteraron su postura respecto a la norma sancionada por el Congreso, al afirmar que la Ley de Financiamiento Universitario “nació suspendida” porque, según indicaron, no establece de qué manera se obtendrían los recursos para su aplicación. Asimismo, insistieron en la necesidad de mantener el equilibrio fiscal.