El Gobierno nacional presentó en las últimas horas su proyecto de reforma laboral, un extenso documento que actualiza la normativa vigente e introduce modificaciones en vacaciones, sistemas indemnizatorios, jornadas de trabajo, procedimientos judiciales y regímenes especiales. La propuesta fue elaborada en el marco del Consejo de Mayo, espacio que reunió a funcionarios, legisladores, empresarios, gobernadores y representantes sindicales, estos últimos mayoritariamente críticos frente a los cambios.
El texto mantiene los mínimos legales de vacaciones pagas, aunque habilita acuerdos individuales o colectivos para ampliarlas. Establece que deberán otorgarse entre octubre y abril, con un aviso previo de 30 días, y fija que cada fracción no podrá ser inferior a una semana. Además, obliga a garantizar al menos un período de descanso en temporada estival cada tres años.
En cuanto a la jornada laboral, el proyecto incorpora el banco de horas, un sistema voluntario que permite compensar jornadas extendidas con otras más reducidas. Para su aplicación se requiere registro de horas, un descanso de 12 horas entre jornadas y un mínimo de 35 horas continuas semanales.
La iniciativa permite alternativas al régimen indemnizatorio tradicional mediante fondos sectoriales o seguros financiados por aportes patronales, con topes y pisos para el cálculo. También regula la opción del trabajador de elegir entre la reincorporación o la indemnización cuando un despido sea declarado inválido por la Justicia.
En paralelo, se establece la obligatoriedad de documentar digitalmente las remuneraciones, incluidos recibos de sueldo, asistencia y certificados médicos. La autoridad laboral podrá requerir información adicional para garantizar la transparencia del esquema.
El proyecto redefinió los procedimientos en casos de enfermedad y ausencias. Exige alta médica definitiva para la reincorporación laboral y permite que los certificados sean verificados en un sistema centralizado. No se obliga al empleador a reasignar tareas durante la recuperación parcial.
La reforma también incorpora regímenes específicos: para el personal de casas particulares, con un período de prueba de seis meses y recibos electrónicos; y para el trabajo agrario, donde se crea un contrato permanente con período de prueba de ocho meses.
Asimismo, establece un Fondo de Asistencia Laboral, solventado por un aporte patronal del 3%, destinado a respaldar situaciones de despido en el sector privado. Para repartidores y mensajerías que operan en plataformas digitales, se crea un régimen propio que exige registro, aportes, normas de tránsito y acceso a cobertura social.

La iniciativa actualiza criterios de responsabilidad solidaria en casos de subcontratación, introduce nuevas reglas para los litigios laborales y suma un capítulo sobre prácticas sindicales, con sanciones ante bloqueos y ocupación de establecimientos. Las asambleas en los lugares de trabajo requerirán autorización previa y el tiempo destinado no será remunerado.
El proyecto elimina la ultraactividad de los convenios colectivos y habilita la suspensión de cláusulas que generen distorsiones económicas. También impulsa un régimen transitorio para promover la formalización mediante reducciones en las contribuciones patronales.
La iniciativa será debatida en las próximas semanas en el Congreso, donde el oficialismo buscará construir consensos para avanzar en su aprobación.