Desde el Sindicato de Trabajadores Municipales de Avellaneda (STMA), que conduce Hernán Doval, denunciaron a través de un comunicado que el Gobierno nacional busca cerrar la Obra Social del Personal Municipal de Avellaneda (OSPMA). A través de un comunicado difundido en redes sociales, las autoridades de la obra social advirtieron sobre una resolución de la Superintendencia de Salud que pone en riesgo su continuidad y anunciaron que iniciarán acciones judiciales para frenar la medida.

“El Gobierno intenta dar de baja nuestra obra social argumentando una supuesta insolvencia, basada en los bajos aportes que recibe y la alta criticidad que debe cubrir. Esto se inscribe dentro de una política que promueve el cierre de las obras sociales con menos de 10.000 afiliados”, expresaron en el comunicado.

Según el STMA, desde el inicio de la actual gestión nacional se han implementado medidas perjudiciales para las obras sociales más pequeñas, entre ellas la modificación del cálculo del Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA), que provocó una fuerte pérdida de recursos para OSPMA.

Además, recordaron que la declaración de crisis de la obra social se dio durante la pandemia de COVID-19, como condición para acceder al programa ATP. A pesar de que la situación financiera se normalizó y los balances recientes reflejan superávit, sostienen que no fueron dados de baja de esa categoría, lo que ahora se usa como argumento para avanzar con la clausura.

“Cumplimos con todas las prestaciones exigidas por el Programa Médico Obligatorio (PMO) para nuestros 4.891 beneficiarios, no tenemos deudas con proveedores ni con el personal, y jamás recibimos subsidios extraordinarios ni observaciones por parte de la Superintendencia. Llama la atención que se intente cerrar OSPMA por no responder una nota, siendo que todos los informes y balances fueron presentados en tiempo y forma”, manifestaron.

Desde la conducción del STMA indicaron que se trata de una medida arbitraria y desproporcionada, y confirmaron que ya están trabajando en las presentaciones legales correspondientes para revertir lo que consideran “un atropello institucional”.