El Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) presentó su reporte sobre tarifas y subsidios correspondiente a octubre donde analiza cuánto tuvo que gastar una familia del conurbano bonaerense en los servicios públicos de energía eléctrica, gas, agua y transporte.

En promedio, el gasto en servicios públicos de octubre fue de 134.414 pesos, un aumento del 369 por ciento respecto de lo que se gastaba en diciembre de 2023.

Si bien cifra es un promedio al que se llega entre los cuatro servicios analizados, no todos subieron lo mismo. El transporte público, por ejemplo, aumentó un 601 por ciento.

Sin embargo, el que más subió fue el gas natural con un 715 por ciento entre diciembre de 2023 y octubre. De acuerdo al informe esto se explica “tanto por los aumentos tarifarios como por el aumento del consumo estacional”.

Sucede que con la llegada del calor, los hogares dejan de calefaccionarse bajando el consumo y también el precio del gas. Eso generó que la canasta de los servicios públicos haya bajado un 4 por ciento respecto de lo que fue en agosto cuando alcanzó su pico máximo superando los 140 mil pesos.

Según el IIEP, la leve reducción de la canasta “se explica por un menor nivel de consumo de gas a pesar del aumento del gasto agua (4,9%) y energía eléctrica (1,8%)”.

En tanto, el objetivo del Gobierno Nacional es reducir los subsidios que destina a los servicios públicos, un sendero en el que según los números relevados por el instituto todavía queda mucho camino por recorrer.

Efectivamente, “en los hogares del AMBA se pagan tarifas de servicios públicos que, en promedio, cubren el 53 por ciento de los costos y, por lo tanto, el Estado se hace cargo del 47 por ciento restante”, explicaron desde el IIEP.

Hasta ahora, los subsidios reales acumulan una caída del 38 por ciento en comparación con el año pasado. Sin embargo, el presupuesto 2025 presentado por el Gobierno Nacional establece mayores caídas.

La idea es que los subsidios al transporte y la energía no superen el 1,2 por ciento del PBI. Para los expertos del IIEP “se trata de un numero de difícil compatibilidad con los actuales niveles de pobreza” porque requeriría aplicar fuertes aumentos tarifarios.