Los organismos de derechos humanos, movimientos sociales y partidos políticos se manifiestaron ayer en la Plaza de Mayo a 48 años del golpe de Estado militar de 1976. Ocurre en medio de la estrategia del gobierno de Javier Milei de abrir un debate frente a lo sucedido en aquel período.
Durante el acto, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, insistió en su reclamo de una ley contra el negacionismo para "funcionarios que desestimen los crímenes" de la última dictadura militar "y a sus víctimas".
“Los principales civiles del terrorismo de Estado continúan, en su mayoría, impunes. Son el poder económico y empresarial del poder económico. Para ellos también exigimos juicio y castigo ya. Y seguimos reclamando y preguntando dónde están los cuerpos de nuestros desaparecidos. ¿Dónde está Julio López”, exclamó en el documento elaborado junto a Madres de Plaza de Mayo y distintas organizaciones de derechos humanos..
Entre sus cuestionamientos al Ejecutivo nacional, Carlotto consideró que “las constantes provocaciones del gobierno de Milei y Victoria Villarruel violan todos los pactos internacionales que tienen rango inconstitucional”.
“La democracia argentina tiene una enorme deuda: restituir la identidad de unas 300 personas, la mayoría de ellas nacidas en las maternidades clandestinas de la dictadura y que hoy son adultos de entre 43 y 49 años. Ayudemos entre todos a las Abuelas y a sus familias legítimas a encontrarlas”, agregó.
Por su parte, el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, consideró que "el Gobierno debe tener presente que con el odio, la represión y el revanchismo no se puede construir una sociedad más justa y fraterna".
"A los representantes del pueblo, diputados, senadores, les recordamos que tienen la responsabilidad de rechazar por inconstitucional el DNU y la Ley Ómnibus”, continuó Pérez Esquivel. Y agregó: "Milei y Villarruel están ejecutando el plan de ajuste más despiadado en 40 años".
En tanto, Taty Almeida, integrante de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, expresó que el Gobierno "ha puesto en marcha un protocolo represivo, destinado a impedir el legítimo derecho a la protesta social”.
“Así como hicieron Mauricio Macri y Patricia Bullrich, la persecución y difamación a los opositores políticos y sociales vuelve a ser una práctica cotidiana. Las defensas de personas detenidas a lo largo y ancho del país son expresión de la intimidación como política de Estado”, sostuvo en el cierre del acto en que participaron agrupaciones políticas como La Cámpora y gremiales, incluida la CGT.
