Este jueves se promulgará en Avellaneda la ordenanza que permite expropiar terrenos baldíos donde no se construya al cabo de ocho años. La medida, impulsada por el Frente de Todos, tiene el aval de Jorge Ferraresi, ex intendente del distrito y actual ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación. Pero también tiene la resistencia de la oposición, que ya adelantó que presentará un proyecto para derogarla.

La ordenanza fue aprobada sobre tablas en el Honorable Concejo Deliberante de Avellaneda el jueves 10 de junio. Desde ese momento hasta este jueves, la oposición había reunido 5.000 firmas de vecinos en contra. Según el presidente del radicalismo de Avellaneda, Luis Otero, la medida es inconstitucional.

“Estamos exigiendo que se derogue la ordenanza, primero porque no resuelve el problema de vivienda y, segundo, porque es inconstitucional: avanza sobre la propiedad privada y consagra un sistema de compra forzada de inmuebles, porque a muchos no les va a quedar otra que vender rápidamente si no tienen dinero para edificar”, resalta Otero.

Se trata de al menos cientos de terrenos, aunque desde la Municipalidad de Avellaneda no dan precisiones. De hecho, esperan tenerlas cuando se cree el Registro Público Municipal de Inmuebles Baldíos, Inmuebles con Edificación Derruida o con Edificación Paralizada que establece la misma ordenanza, cuyo criterio estará basado en el artículo 84 del Decreto Ley 8.912, de 1977.

Por el solo hecho de estar en el Registro, el inmueble paga un 50% más de Tasa por Servicios Generales. Pero también se aplica otro incremento impositivo, progresivo, si no se inician o reanudan obras paralizadas en los tres años siguientes.

Es que los propietarios tienen sólo dos años para presentar el proyecto ante la Dirección de Obras Particulares municipal y uno para iniciar las obras, que deben concluir antes de los cuatro años de la publicación del lote. Si ocho años después de la inclusión en el Registro el terreno no fue edificado, este se considerará de utilidad pública y sujeto a expropiación por parte de la municipalidad. 

“En Avellaneda hay planes de vivienda paralizados, como el del Barrio Alianza. Si quieren eso para hacer complejos habitacionales, entonces que expropien eso solo, no todos los terrenos baldíos”, sostiene Maximiliano Gallucci, concejal por Juntos por el Cambio.

Y agrega: “Creemos que la idea es generar un negocio inmobiliario barato: si no construiste, te lo agarra el Estado, te multan o vendés barato”.

Es por eso que desde ese partido y el radicalismo de Avellaneda se abocaron a reunir firmas de vecinos contra la medida -ya son 5.000-, a hacer lo propio en un formulario de Google y en una petición de Change.org.

También preparan un proyecto para derogar la medida, que será promulgada este jueves. Será presentado en la próxima sesión del HCD, el 8 de julio. Sus autores saben que no la tendrán fácil: el Frente de Todos ocupa dos tercios del recinto.

“Vamos a presentarlo sobre tablas para que sea tratado directamente, de la misma manera en que hicieron ellos”, anuncia Gallucci. Planean, de no tener éxito, interponer un recurso de amparo para declarar la inconstitucionalidad de la ordenanza. Cuenta el concejal que se reunió “con varios dueños de terrenos, los principales interesados en estas cuestiones, para hacer una presentación colectiva”.

“En el fondo no resuelven la necesidad urgente de programas de vivienda, porque la ordenanza habla de plazos de ocho años. En lugar de declaraciones rimbombantes, deberían impulsarse ya proyectos de vivienda que están por desarrollarse y que no se han resuelto en los últimos 30 años. En 2019 habíamos contado 32 sin concretar”, destaca Otero.

Fuente: Clarín