El Congreso Nacional da comienzo este lunes al período de sesiones extraordinarias, que se extenderá hasta el 28 de febrero y comprenderá un amplio temario que incluye la reforma judicial, la modificación del sistema de elección del Procurador y la deuda pública.

Asimismo está previsto analizar una iniciativa que otorga por única vez un beneficio extraordinario a los y las familiares de los y las tripulantes del Submarino ARA San Juan, y los legisladores podrán discutir el proyecto de ley por el cual se aprueba el régimen de sostenimiento e inclusión fiscal para pequeños contribuyentes y el de presupuestos mínimos para la implementación de la Educación Ambiental.

En los 27 temas incluidos en la agenda, también figura la propuesta tendiente a sustituir distintas disposiciones de la Ley N° 26.912 y sus modificatorias sobre el Régimen Jurídico para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte; y las iniciativas sobre etiquetado frontal de alimentos para advertir sobre el consumo de los azúcares, y una propuesta de reforma de artículos a ley de Defensa de la Competencia.

Otra propuesta es la que establece un sistema de créditos hipotecarios, el financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y el marco legal aplicable en el país para la elaboración, el registro, la comercialización y el control de los productos Fitosanitarios / Agroquímicos empleados para la protección, crecimiento y desarrollo de los cultivos.

Otro punto importante es la modalidad en la que se desarrollará la tarea en el Congreso Nacional, ya que mientras el Senado lo hará con el sistema virtual, en la Cámara de Diputados está pendiente acordar un nuevo protocolo de funcionamiento.

La cantidad de diputados, a diferencia de la de senadores, pone en riesgo la necesaria distancia social en las comisiones y el recinto de sesiones.

También se debe aprobar en Diputados el proyecto sancionado por el Senado que establece que las negociaciones en materia de deuda pública con cualquier tipo de financiación internacional, incluidos los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), deben contar con aval parlamentario.