El RIGI y la utopía de la infalibilidad: por qué el caso Batidero exige corregir el rumbo

Por Facundo Ahumada*

Uno de los mayores riesgos en la alta dirección —tanto corporativa como pública— es la construcción de una narrativa de infalibilidad. Cuando un gobierno se abraza a una utopía de gobernanza que no admite márgenes para el error, la gestión se dogmatiza y se vuelve incapaz de procesar la realidad de los datos. La verdadera gobernabilidad no radica en diseñar sistemas perfectos sobre el papel, sino en la capacidad técnica de auditar, reconocer desvíos y corregir el rumbo a tiempo. 

El reciente escenario en torno a la adjudicación del Campamento Batidero en el Proyecto Vicuña (San Juan) —un mega emprendimiento de cobre de USD 18.000 millones de Lundin Mining y BHP— es un síntoma claro de esta rigidez. Al analizarlo bajo la óptica de la Ciencia Política, el compliance y la estrategia de negocios, quedan en evidencia los puntos ciegos de un modelo que se niega a revisar sus propias reglas:

1. El mito del ahorro y la distorsión del RIGI 

La narrativa oficial defiende que el mercado eligió de forma eficiente basándose en los costos. Sin embargo, los números exigen pragmatismo técnico: la oferta del consorcio extranjero (PowerChina y Pekín Chen Dong) fue de USD 52 millones, frente a los USD 70 millones de la empresa modular argentina. La diferencia de USD 18 millones representa apenas el 0,1% del CAPEX total del proyecto.

Desplazar a toda la industria nacional por un ahorro marginal de esta escala no es una victoria de mercado; es una falla de diseño en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). El marco normativo actual genera una asimetría impositiva brutal: el competidor extranjero opera con subsidios de su Estado de origen y absorbe las exenciones locales, reduciendo sus costos un 30%, mientras las PyMEs locales soportan la carga tributaria plena. Si la industria local hubiera contado con simetría fiscal, su propuesta habría sido más económica. Negar esta "cancha inclinada" es el primer error de un gobierno que no acepta revisiones. 

2. El desmantelamiento del empleo y el riesgo estratégico 

La inflexibilidad regulatoria tiene un costo social inmediato. La industria modular argentina cuenta con más de 100 empresas especializadas y capacidad probada. Al importar los módulos cerrados desde China, el 80% del valor de la obra se transfiere al exterior, pulverizando el "efecto derrame". En capital humano, esto significa una sangría: el empleo directo cae de 450 puestos locales calificados a solo 50 operarios de ensamble. El derrame cae en un balde que vuelve a China. 

A esto se suma el riesgo geopolítico latente. La Ley de Inteligencia Nacional de China de 2017 obliga a sus corporaciones a colaborar con los servicios de seguridad del Estado. Permitir enclaves operativos opacos, con mano de obra propia y cerrada en la infraestructura crítica de nuestra cordillera de cobre, introduce una vulnerabilidad estratégica que ningún análisis de compliance serio puede ignorar. 

3. La innovación nace de la corrección 

La historia demuestra que los modelos exitosos no nacen perfectos; se perfeccionan corrigiendo errores. El caso de Thomas Edison y la creación de la bombilla de luz es el ejemplo arquetípico de resiliencia en el management: el éxito no radicó en un primer intento infalible, sino en la capacidad de procesar variables que no funcionaban y corregir el diseño. 

Las grandes personalidades de los negocios y la política que transformaron naciones compartían esa misma premisa: el verdadero mérito no es la ausencia de errores, sino la velocidad y la honestidad intelectual para enmendarlos. El RIGI es una herramienta extraordinaria para atraer capitales, pero cerrarse a la revisión de sus impactos colaterales sobre la industria local es un acto de soberbia institucional que daña la gobernabilidad a largo plazo. 

Hacia una Mesa de Diálogo Técnico 

Para superar esta parálisis dogmática que daña al tejido productivo, la salida no es la confrontación ideológica, sino la institucionalidad. Es urgente convocar a una Mesa de Diálogo Técnico Trinacional y Multisectorial donde converjan el Estado Nacional, las operadoras mineras globales y las cámaras industriales nacionales (como CAMARCO, CAPMIN y la Unión Industrial). 

Este espacio de gobernanza activa debe tener objetivos claros: diseñar mecanismos de simetría fiscal para que los proveedores locales compitan bajo las mismas condiciones aduaneras que los bienes importados, establecer metas progresivas de contenido local (Local Content) y auditar que las contrataciones extranjeras respeten los marcos de transparencia y leyes laborales. El desarrollo sostenible de nuestra matriz minera no se compra llave en mano ni se impone por decreto. Se construye sentando a las partes a la mesa, asumiendo los desvíos con pragmatismo y ajustando las reglas para que el verdadero beneficio quede en el país. 

*Facundo Ahumada es analista político, MBA y Presidente del Instituto Progresar. Cuenta con diplomados en Minería y Economías Azules y es especialista en Prevención de Riesgos de Lavado de Activos.