Una organización acusada de la filtración y comercialización ilegal de bases de datos provenientes de organismos públicos y privados fue desarticulada tras una investigación judicial que incluyó allanamientos en distintos puntos del país, entre ellos varias localidades de la zona sur del Conurbano bonaerense.
La pesquisa comenzó en octubre del año pasado y permitió reconstruir el funcionamiento de una estructura criminal dedicada al acceso ilegítimo, distribución y venta de información digital sensible perteneciente a dependencias estatales y registros privados.
Según informaron fuentes de la investigación, la organización operaba principalmente en entornos digitales y utilizaba cuentas de Telegram para ofrecer bases de datos vulneradas. Los investigadores lograron identificar a los administradores de esos canales y determinaron que empleaban herramientas de automatización para facilitar el acceso a la información robada.
Entre los datos comprometidos figuraban registros del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), información vehicular de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor (DNRPA), historiales clínicos del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA), antecedentes penales y credenciales de acceso a plataformas como Mi Argentina y PAMI.
De acuerdo con la causa, esa información era posteriormente comercializada en mercados ilegales y utilizada para la comisión de distintos delitos, entre ellos estafas, amenazas y extorsiones.
La investigación también permitió detectar el uso de billeteras virtuales y plataformas de criptoactivos para el movimiento y redistribución del dinero obtenido mediante estas maniobras ilícitas. Además, algunos de los implicados fueron identificados como “mulas digitales”.
Los investigadores determinaron además que esta estructura mantenía vínculos operativos con una organización criminal transnacional desarticulada meses atrás, conocida como “dictadores”, integrada por ciberdelincuentes especializados en el desarrollo de infraestructuras informáticas ilegales.
Por orden del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 9, a cargo de Sebastián Roberto Ramos, se realizaron 11 allanamientos en localidades de la provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, La Rioja, San Juan y Entre Ríos.
Durante los operativos fueron detenidos cinco hombres, una mujer y un menor de 15 años. Asimismo, se secuestraron teléfonos celulares, computadoras, notebooks, discos de almacenamiento, tarjetas de débito, dispositivos electrónicos y documentación considerada de interés para la causa.