El Honorable Concejo Deliberante de Avellaneda llevó adelante el jueves pasado la segunda sesión ordinaria del período legislativo 113, en la que se aprobaron distintos proyectos vinculados a obras públicas, políticas sociales y declaraciones institucionales.
Durante la jornada, el cuerpo legislativo dio luz verde a iniciativas que contemplan obras de infraestructura y programas de inclusión. Entre ellas se destacan la ejecución de redes de cloacas y agua potable en el barrio Alianza Maciel y en Dock Sud, así como la construcción del bajo vías de la calle Otero, una obra destinada a mejorar la conectividad urbana en el distrito.
En materia social, también se aprobó el financiamiento para el programa Envión, orientado a la inclusión de jóvenes, y la entrega de tablets para iniciativas de inclusión digital, con el objetivo de ampliar el acceso a herramientas tecnológicas.
En el plano institucional, el Concejo manifestó su repudio a la sanción de la denominada “Ley de Modernización Laboral”, en una sesión que contó con la presencia de Yésica Mambrin, trabajadora de la economía popular. Asimismo, el cuerpo expresó su rechazo a la sanción del proyecto de régimen penal juvenil, con la participación de la trabajadora social María Florencia Gauna.
Durante la sesión también se rechazó la disolución del Fondo de Integración Sociourbana (FISU). En ese marco expuso Marisa Almirón, trabajadora de la economía popular y vecina del barrio Tranquila de Dock Sud, quien se refirió al impacto de esa medida en los procesos de urbanización de barrios populares.
Por otra parte, el Concejo Deliberante declaró de interés legislativo la marcha del 8 de marzo (8M). De la sesión participaron Natalia Arlandi, secretaria del Consejo de Mujeres, Género y Diversidad de Avellaneda, y Analía La Vega, integrante del consejo consultivo del área.
Además de estos proyectos, el cuerpo legislativo refrendó la tercerización del sistema de gestión de multas de tránsito, una medida vinculada al procesamiento y administración de infracciones vehiculares en el distrito.
Según trascendió, la empresa Inergram Consultores S.A.S. es la encargada de implementar el sistema tecnológico y administrativo para la gestión de las infracciones de tránsito, en coordinación con las áreas municipales correspondientes y el Juzgado de Faltas local.
La decisión ratifica la continuidad de un esquema mediante el cual parte de las tareas técnicas y operativas vinculadas a la detección, procesamiento y administración de multas pueden ser realizadas por una empresa externa bajo supervisión del municipio.