Por "inhabilidad moral de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 66 de la Constitución Nacional”, diputadas del Frente de Todos presentaron un proyecto de ley para "excluir" al diputado nacional Gerardo Milman. Lleva las firmas de las diputadas Carolina Moisés, Hilda Clelia Aguirre, Mara Brawer, Mónica Macha y Carolina Yutrovic.
El funcionario del PRO, quien supo ser mano derecha de Patricia Bullrich y se desempeñó en el Ministerio de Seguridad durante el Gobierno de Cambiemos, había sido señalado por Cristina Fernández de Kirchner durante el acto en Avellaneda que encabezó el martes. Es que Milman junto a sus asesoras están en la mira del kirchnerismo por el vínculo con el atentado que sufrió la Vicepresidenta en septiembre de 2022.
Cabe aclarar que se requerirán dos tercios de los votos para poder llevar a cabo la resolución planteada de sacar a Milman de la Cámara Baja, por lo que el oficialismo debería negociar con la oposición.
En los fundamentos del proyecto de exclusión se plantea: “Los hechos relatados, lejos de ser exhaustivos y muchos de los cuales se encuentran actualmente en investigación en sede judicial para determinar si constituyen actos criminales, sin duda tiñen de inmoralidad a quien debería representar los intereses de la Nación Argentina. Su presencia en este cuerpo lo degrada y lo devalúa”.
De acuerdo a las diputadas denunciantes, el 1° de septiembre de 2022, Milman le facturó por “servicios de coordinación organizativa” al Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad, entidad que preside Bullrich y él mismo integra. Además, facturó a Olga María Guerra Carias, una joven venezolana que vive en Talar de Pacheco y que figura como "incobrable" en los informes comerciales y le habría pagado al diputado del PRO más de 600.000 pesos en octubre de este año por “servicio de diseño de seguridad”.
En este sentido, se argumenta también que el pedido de "inhabilidad moral" es por “otros asesoramientos” en temas de seguridad del diputado. Desde el Frente de Todos pidieron también que se investigue el uso de un vehículo cuya titularidad posee un contratista del Estado, lo cual entraría en conflicto de intereses con su rol como miembro de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados.