El 27 de septiembre de 1993, un derrame de sustancias químicas en la red cloacal de Avellaneda desencadenó una tragedia que marcó a fuego la historia ambiental argentina. El gas liberado, ácido cianhídrico, ingresó en una vivienda de la calle 25 de Mayo al 300 y provocó la muerte inmediata de cuatro integrantes de una familia. Minutos más tarde, tres profesionales de la salud (una médica, un enfermero y un camillero) que acudieron al rescate también perdieron la vida.

El episodio expuso la falta de controles y la inexistencia de protocolos ante emergencias químicas en zonas urbanas. Su impacto social fue tan profundo que, dos años después, el Congreso instituyó el Día Nacional de la Conciencia Ambiental en memoria de las víctimas.

Treinta y dos años más tarde, la Justicia dio un paso que los familiares esperaban desde hacía décadas. La Cámara Federal de La Plata ratificó una indemnización para los parientes de una de las víctimas, señalando responsabilidades tanto del Estado como de empresas privadas.

La sentencia, firmada por los jueces Carlos Vallefín y Roberto Lemos Arias, distribuyó culpas de manera proporcional: la Municipalidad de Avellaneda deberá afrontar el 30 %; la Nación y la Provincia de Buenos Aires, un 15 % cada una; y Aguas Argentinas, un 5 %. El resto recae sobre la empresa Transporte García S.R.L. y un establecimiento a cargo de Manuel Sánchez, identificados como responsables directos de los vertidos que originaron la reacción química letal.

Aunque los montos indemnizatorios permanecen bajo reserva, el fallo marca un hito: reconoce la corresponsabilidad pública y privada, y señala que hubo negligencia estatal e imprudencia empresarial.

La resolución llega tras tres décadas de reclamos y dilaciones judiciales. Para las familias, representa un alivio parcial que no compensa las vidas perdidas, pero sí cierra un capítulo pendiente en la búsqueda de justicia.

Más allá del resarcimiento económico, la tragedia continúa siendo un símbolo de conciencia ambiental. Expuso la necesidad de reforzar los sistemas de fiscalización y de exigir controles más rigurosos sobre la actividad industrial. Treinta y dos años después, la pregunta sigue vigente: ¿la Argentina está preparada para evitar que algo similar vuelva a repetirse?