Mientras el sistema de atención a personas con discapacidad se desmorona ante la indiferencia del gobierno nacional, las miradas comenzaron a posarse sobre los legisladores que deberán darle validez o rechazar en el Congreso el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Entre todos ellos se destaca la figura de la diputada María Sotolano (La Libertad Avanza) debido a que se abstuvo de votar cuando la ley obtuvo media sanción. No se pronunció, no eligió un lado, no se comprometió. Hoy, ya no tiene ese margen. Su voto puede ser decisivo. "¿Qué va a hacer ahora? ¿Va a apoyar el veto o va a pensar en las personas con discapacidad de la provincia de Buenos Aires?", se pregunta Laura Lavega, referente de la Red de Prestadores de Discapacidad de la Provincia de Buenos Aires.

La legisladora libertaria, como el resto de sus colegas, deberá votar próximamente si respalda el veto del presidente Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad o si, en cambio, se atreve a romper filas para ponerse del lado de las personas más vulnerables que dice representar. "Si ama Quilmes, como dice que lo ama, que piense en la cantidad de personas con discapacidad que todos los días la pasan mal acá. Ahora tiene que salir a poner la cara", insistió Lavega en Radio Con Vos.

Es que la situación ya no resiste análisis técnico, ni espera. La ley vetada por el líder de la Libertad Avanza -una herramienta mínima para amortiguar el colapso- había sido aprobada por ambas cámaras del Congreso. Sin embargo, el mandatario, en su cruzada por el "déficit cero" a cualquier costo humano, decidió bloquearla. Según trascendió, el sábado firmó el veto a las leyes que proponen aumento en las jubilaciones y la declaración de emergencia en discapacidad.

De esta manera, la decisión se oficializará con la publicación de los decretos en el Boletín Oficial del próximo lunes. Había sido el propio presidente quien aseguró que, de ser necesario, judicializará cualquier intento de revertir el veto. "Vamos a vetar. Aún si se dieran las circunstancias, que no creo, que el veto se caiga, lo vamos a judicializar. Aún si se diera el peor de los casos que de repente la Justicia tuviera un acto de celeridad, y lo decidiera tratar en poco tiempo, aún así, el daño que podrían causar podría ser mínimo. Sería una mancha en dos meses, la cual el 11 de diciembre se la vamos a revertir en caso de que tuviera éxito", había dicho Milei.  

El presidente se había pronunciado así ante la Bolsa de Comercio, después de la contundente votación a favor de la Ley en el Senado. "La política del superávit fiscal es permanente", había expresado. Para él, los derechos de las personas con discapacidad son, textual, "una mancha en dos meses". Pero para las familias afectadas, esa "mancha" es una catástrofe cotidiana: centros de día que cierran, tratamientos suspendidos, profesionales empobrecidos, y niños que se quedan sin terapias ni alimento. Tan sólo en La Plata, ocho centros cerraron en un mes. Quinientas personas quedaron sin atención. Cientos de trabajadores, sin trabajo. 

Y lo que es peor: una política que naturaliza el abandono y convierte la desprotección estatal en norma. El Gobierno dilató la firma del veto el mayor tiempo posible para evitar el debate parlamentario. Sabe que en Diputados podría perder, por eso juega al desgaste. Pero ahora, con la sesión convocada y las cartas echadas, todas las miradas se posan sobre los votos que podrían inclinar la balanza. Y ahí aparece, otra vez, el nombre de María Sotolano. En la primera votación eligió el silencio. Se abstuvo. Ni a favor ni en contra: neutralidad ante la miseria. Pero ese margen de ambigüedad se acabó y tendrá que poner su firma en uno de los dos lados de esta grieta ética.

La diferencia entre aquella abstención cuando la ley obtuvo media sanción y ahora, es que la legisladora quilmeña actualmente también es candidata en la tercera sección electoral por el mismo espacio político que avala el ajuste más brutal en décadas. Mientras los hogares cierran y los profesionales se endeudan para seguir brindando servicios, la Agencia Nacional de Discapacidad -una pieza clave del sistema- es acusada de ser cómplice del vaciamiento. Los pagos llegan tarde, los aranceles están congelados desde diciembre de 2024, y las autorizaciones se frenan sin explicación. 

Un sistema al borde del colapso

Los prestadores están desfinanciados. Las familias, desesperadas. Hogares que antes brindaban contención hoy cierran sus puertas por falta de recursos. La Ley de Emergencia en Discapacidad es una tabla de salvación que el Gobierno nacional amenaza con vetar. La situación es tan crítica que el colapso ya no es una amenaza, es una realidad. Prestadores con deudas impagables, sin recursos para pagar cargas sociales ni sostener personal. Centros que cerraron no volverán a abrir. 

La grave crisis que atraviesa el sistema de atención a personas con discapacidad en el país, profundizada por las políticas de ajuste económico del gobierno actual, está al borde del colapso. Los profesionales del área, como psicopedagogos y terapeutas, advierten que ya no luchan por mejoras, sino por sobrevivir y seguir brindando atención básica. Entre los principales problemas se destacan:

• Aranceles congelados desde diciembre de 2024, con una actualización insignificante del 0,5% frente a una inflación de dos dígitos mensuales.
• Pagos demorados que pueden tardar entre 90 y 120 días, lo que vuelve insostenible el funcionamiento de centros terapéuticos.
• Autorizaciones de tratamientos frenadas o reducidas sin explicación, lo que genera interrupciones críticas en las terapias.
• Una burocracia ineficiente y deshumanizada, que deriva responsabilidades y deja a familias y profesionales sin respuestas.
• Desprotección estatal y falta de representación por parte de organismos como la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDI), que es vista como funcional al vaciamiento del sistema.

La situación afecta directamente a niños y adultos con discapacidad, que quedan sin terapias, sin acompañamiento y, en muchos casos, completamente a la deriva. Los profesionales no sólo enfrentan dificultades económicas, sino también una sobrecarga emocional al tener que contener a familias desesperadas frente al abandono del Estado. Se trata de un vaciamiento que vulnera derechos humanos básicos y excluye deliberadamente a los sectores más vulnerables de la sociedad.