El Defensor del Pueblo de Avellaneda cuestionó duramente a EDESUR, al afirmar que dicha empresa "no efectúa los resarcimientos por daños a artefactos eléctricos por oscilación de tensión que sufren los usuarios".

A través de un comunicado de prensa, Daniel García se mostró a favor de revisar la concesión del servicio de estas empresas. "Dicha concesión es hasta el año 2087", informó.

El ombudsman local afirmó que "estas empresas deben volver al Estado de una vez por todas, dado que estas mismas fueron privatizadas en 1992, mediante la ley 24065, con marco regulatorio eléctrico donde se estableció los ejes de la reestructuración, el sistema energético se desintegraría en tres segmentos: uno de generación, uno de trasmisión y otro de distribución y así dejar de lado a Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA)".

García agregó: “Así perpetuo la privatización, cuatro empresas encargadas de la generación eléctrica y tres distribuidoras (EDENOR, EDESUR, EDELAP). Las empresas debían realizar obras fundamentales para prestar un servicio decente, aunque lejos estuvieron de hacerlo".

Daniel García finalizó reafirmando que “es una vergüenza, que lo que supuestamente arreglaba con las privatizaciones, no fue así sino todo lo contrario. Los cortes siguieron las empresas aumentaron las tarifas, ganaron muchísimo dinero y no invirtieron. Como siempre, los únicos perjudicados son los usuarios. Basta ya de esto. Que el Estado intervenga".